La causa general contra Liberbank en la Audiencia Nacional no tiene más recorrido. El alto organismo judicial ha rechazado la denuncia planteada por Comisiones Obreras por asuntos como los pagos al marido de Cospedal o al presidente de la CNE, o los cobros de los consejeros adscritos al ERE.
En un auto, el juez Ismael Moreno cree que no es competente para investigar la querella, dirigida contra los exdirectivos de Cajastur Felipe Fernández, María Encarnación Paredes y Jesús María Alcalde Barrio, así como contra otras cuatro personas: López del Hierro; el presidente y consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez; y contra el exsecretario de Estado de Energía Fernando Martí y su mujer María Jesús Solano.
No ser ‘competente’ significa, en lenguaje judicial, que no es el organismo al que le toca esa causa. Es una cuestión de procedimiento, y en ella el juez se acoge a la tesis que ya había apuntado el Ministerio Fiscal.
Previamente, la Fiscalía en Cantabria ya había rechazado que hubiera causa en lo relacionado con los pagos a Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por servicios cuya ejecución no constaba.
Sobre este asunto, el juez no ve pruebas de que se produjeran, al igual que con los pagos a Martí Schafhauser, y en general, rechaza que el tema le corresponda a la Audiencia Nacional, al no afectar a varias comunidades o zonas del territorio español.
Sobre los consejeros, a los que el sindicato acusaba de defraudar presuntamente al fisco por beneficiarse de exenciones fiscales y cobrar el paro (hasta 9.606,52 euros en todo 2013) al continuar vinculados con la entidad pese a estar incluidos en un ERE, el magistrado sostiene que no se ha aportado documentación que acredite que esa cifra supere los 120.000 euros exigidos por la ley. En este caso, deriva la causa a la Agencia Tributaria, es decir, a Hacienda, pero no a la justicia.
Así pues, el panorama se complica para los querellantes, que podrían seguir adelante, personándose ya como acusación particular, un trámite para el cual tendrían que abonar una fianza de 10.000 euros.
OTROS FRENTES
Manu Menéndez, presidente de Liberbank
No obstante, a la entidad en la que se integra la antigua Caja Cantabria y presidida por Manu Menéndez le sigue quedando abierto otro importante frente judicial, el de la investigación en Llanes.
Recientemente, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía inició una investigación para determinar si Menéndez y su número dos, Felipe Fernández, incurrieron en delitos societarios al autorizar una operación urbanística en Llanes.
La denuncia partía del sindicato Corriente Sindical de Izquierdas y la petición de investigación, ha surgido del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que investiga presuntos delitos societarios (de gestión de empresas) y falsedad documental, por una operación urbanística que afectó a una empresa ahora integrada en Liberbank.
Se compraron propiedades en terreno afectado por sentencias judiciales, lo que le restaba valor, y eso permitió ingresar fondos a una firma que estaba a punto de entrar en suspensión de pagos, y en un momento en que ya acechaba el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Este frente judicial se suma al de las preferentes, tras las sentencias condenatorias que viene recibiendo por parte de los tribunales por la venta de este producto financiero que acabó dejando retenidos los ahorros de miles de clientes, y en el que recientemente ha sido condenada al pago también de daños morales, o a la investigación abierta por el Banco de España a los créditos ‘automáticos’ concedidos a través de los cajeros, en ocasiones, sin permiso de los clientes.
OSCAR ALLENDE
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