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martes, 24 de junio de 2014

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El FGD pierde otros 40 millones por el saneamiento de CCM

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) no ha conseguido imponer su criterio en su reclamación de 40 millones a Banco CCM, filial de Liberbank.
El FGD exigió este pago como coste en 2011 y 2010 del esquema de protección de activos (EPA) de CCM y de intereses de demora.
El Fondo de Garantía emitió la factura correspondiente a este cargo, pero el banco la rechazó «por discrepar del procedimiento seguido por el FGD para el cálculo de este importe».
El Fondo presentó entonces una demanda ante la jurisdicción ordinaria reclamando el pago más los intereses de demora. Pedía también que se confirmarse la validez de su sistema de cálculo para elaborar las facturas. Pero no ha logrado su propósito, ya que el Juzgado de Primera Instancia de Madrid no ha reconocido su derecho al cobro de la factura reclamada.
El FGD ha recurrido el fallo ante la Audiencia Provincial de Madrid y ha realizado una provisión de 18,5 millones equivalente al 50% del principal exigido, ya que los intereses de demora reclamados están provisionados totalmente. CCM no ha realizado ninguna provisión con este conflicto.
Prórroga
Los 40 millones de la factura engrosan los 2.475 millones del EPA de CCM destinado a cubrir las potenciales pérdidas que genere durante cinco años, a partir del 31 de diciembre de 2009, la cartera crediticia del banco filial de Liberbank. Las pérdidas con cargo a este esquema de protección ascendían a finales del año pasado a 2.049 millones de euros, superior en 100 millones a los 1.949 millones de 2012.
Banco CCM ha solicitado al Fondo de Garantía de Depósito el inicio de negociaciones encaminadas a lograr una ampliación del EPA, que termina en 2014, en dos años más, una posibilidad contemplada inicialmente en el EPA en determinadas circunstancias.
El esquema de protección de CCM incluye una comisión de éxito a pagar por el fondo a la entidad en función de la garantía no consumida por el EPA como incentivo a la gestión de los riesgos protegidos. El año pasado esta comisión ascendía a 61,9 millones, un 17,7% inferior a los 75 millones de un año antes.
El FGD, que se nutre con las aportaciones de los bancos, perdió el año pasado 680 millones tras destinar 2.134 millones a saneamientos través de los EPA de CAM, NCG, Unnim, Catalunya Banc, además de CCM. Cerró 2013 con un déficit de 1.637 millones que se cubrió con aportaciones de 3.113 millones por parte de los bancos.
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lunes, 7 de abril de 2014

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La Audiencia Nacional rechaza que empleados de CCM recuperen las condiciones previas al ERTE


La Audiencia Nacional ha desestimado la pretensión de algunos sindicatos de Liberbank de devolver a los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a las condiciones previas a este acuerdo.

La Audiencia Nacional ha desestimado la pretensión de algunos sindicatos de Liberbank de devolver a los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a las condiciones previas a este acuerdo.
El pasado 18 de noviembre, la Audiencia anuló el ERTE de la entidad por vulneración de la libertad de una serie de sindicatos que no participaron en la firma del acuerdo, en el que sí estuvieron presentes CC.OO. y UGT.
Tanto Liberbank como Banco de Castilla La Mancha, denunciados por los sindicatos, recurrieron la decisión del alto tribunal, un recurso que ahora acepta y por el que desestima la reposición de los trabajadores a las condiciones previas que conformaban la relación laboral previa al acuerdo.
Entre las medidas recogidas en el ERTE se recogía la reducción salarial para los trabajadores que se aplicaría sobre su retribución fija total a 31 de mayo de 2013 durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2017.
Además, se incluía la suspensión temporal de algunos beneficios y mejoras sociales y compromiso de armonización y ahorro, la suspensión de aportaciones a planes de pensiones, y la reducción de jornada de trabajo en un 30% entre el 16 de junio de 2013 y el 15 de junio de 2017, con la misma reducción proporcional en el salario, una medida que afectaría a 770 empleados y que quedaría anulada a los cuatro años.