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martes, 2 de febrero de 2016

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Juicio contra el expresidente y el exdirector general de Caja Castilla La-Mancha, por ocultar pérdidas millonarias de la entidad

El expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó y su exdirector general Idelfonso Ortega, se enfrentan a una condena de dos años y medio y a su inhabilitación durante ese periodo por haber ocultado 182 millones de pérdidas y haber anunciado en su lugar un beneficio de 30 millones de euros. Esta entidad fue la primera en ser intervenida con 9.000 millones de euros de fondos públicos y posteriormente absorbida por Cajastur, que ha pasado a ser Liberbank.





La Audiencia Nacional juzgará desde este martes hasta el 11 de febrero al expresidente de Caja Castilla La-Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y a su ex director general Ildefonso Ortega, por la presunta maniobra contable con las que ocultaron las millonarias pérdidas de la entidad del ejercicio 2008.
Ambos se enfrentan a una condena de dos años y medio de prisión y a su inhabilitación durante ese tiempo, después de que la Fiscalía percibiera indicios de delito societario en una maniobra que les ayudó a anunciar un beneficio de 30 millones de euros en lugar de los 182 millones de pérdidas que arrastraba la antigua caja.
CCM fue la primera entidad española en ser intervenida en esta crisis, después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.
El expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó ha confesado que espera que el proceso "acabe de una vez", porque "para quien lo vive parece que hayan pasado setenta años".
Según el auto del juez Pablo Ruz, la caja concedió préstamos "sin observar las reglas de la práctica habitual y de la normativa interna de la entidad, lo que supuso un trato de favor hacia la parte deudora", algo de lo que ya había advertido el Banco de España en un informe pericial en el que encontró "actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil".
Todo ello supuso "un claro perjuicio económico" a CCM, puesto que los préstamos fueron total o parcialmente impagados y las garantías resultaron insuficientes en un momento en el que la caja "atravesaba grandes problemas de liquidez".
La investigación se inició en 2010 a raíz de una querella presentada por seis representantes del PP, todos ellos miembros de la asamblea general de CCM antes de que la entidad fuera intervenida y posteriormente absorbida por Cajastur, hoy integrada en Liberbank.
EFE

miércoles, 13 de enero de 2016

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CSI pide de nuevo a la Junta una investigación sobre la gestión de Liberbank

El sindicato sostiene que «ha supuesto un monumental expolio a la sociedad asturiana, en beneficio de unos pocos privilegiados»


La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) volvió ayer a solicitar una comisión de investigación en la Junta General del Principado, acerca de la gestión de Cajastur y Liberbank que, según mantiene en un comunicado, «ha supuesto un monumental expolio a la sociedad asturiana, en beneficio de unos pocos privilegiados».
Del mismo modo, el sindicato pidió la dimisión del consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, tras la multa impuesta a este banco y a sus cajas fundadoras por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que previsiblemente el banco recurrirá por la vía judicial.
El BOE publicó anteayer las sanciones del órgano supervisor que suman 1,5 millones de euros, por «infracciones muy graves» en operaciones relacionadas con participaciones preferentes y deuda subordinada. 200.000 euros corresponden a Cajastur, por el incumplimiento de la Ley de Mercado de Valores, «al no gestionar los conflictos de intereses generados por la realización de cases entre clientes a precios alejados de su valor razonable».
CSI culpa a los directivos de estas entidades, que «deben ser quienes asuman personalmente las responsabilidades, tanto económicas como, en su caso, penales de estas faltas». El sindicato defiende que estas sanciones «son consecuencia directa de la nefasta gestión de Manuel Menéndez al frente de Cajastur y de Liberbank» y, en su opinión, «inhabilitan a Menéndez a seguir dirigiendo la entidad y representando los intereses de Asturias como presidente del Patronato de la Fundación Bancaria Cajastur».

jueves, 5 de marzo de 2015

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Inspección de Trabajo investiga las horas extraordinarias sin cotizar en Liberbank, que según fuentes sindicales, ha iniciado una "caza de brujas" contra los denunciantes

Los trabajadores que hayan incumplido el expediente de regulación tendrán que devolver el 30% del salario que durante más de año y medio han percibido a cargo del SEPE mientras que la entidad financiera se enfrenta a una sanción económica.  
Los sindicatos estudian acciones ante la intención de la entidad de repartir unos beneficios han sido "a costa de los empleados".

La Inspección de Trabajo en Cantabria tiene sobre la mesa varios expedientes abiertos para sancionar a Liberbank y a parte de sus trabajadores por el incumplimiento del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Algunos de los empleados han realizado horas extraordinarias, algo que tienen prohibido por ley, ya que la plantilla se encuentra sometida a una reducción de la jornada laboral desde verano de 2013. Durante todo este tiempo, el 30% de su salario ha corrido a cargo del Servicio Público de Empleo.    
Así lo han puesto de manifiesto este miércoles los delegados sindicales de CSIF y UGT, Tomás Pérez y Pedro Martín, respectivamente. En declaraciones a eldiario.es Cantabria, han señalado que desconocen el número exacto de expedientes que tramita el organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pero apuntan que son unos cuantos. "A lo largo de 2014, se han personado -los inspectores- por lo menos en 20 ó 30 oficinas, y han pillado fuera del horario laboral hasta a jefes de zona", ha afirmado Martín.
El representante de UGT ha explicado que su sindicato ha interpuesto varios requerimientos a la Inspección de Trabajo en Cantabria dirigidos contra la empresa y contra los cargos directivos. Martín exonera de responsabilidad a los empleados 'rasos'. "Se sienten presionados y con miedo a perder su puesto de trabajo". Por eso, insiste en que los responsables están 'arriba'.    
Los empleados a los que el inspector haya descubierto 'in fraganti' se enfrentan a una sanción equivalente al 30% de su nómina durante el más de año y medio que ha transcurrido desde que se aprobó el expediente de regulación. También será sancionada la entidad bancaria, aunque los sindicalistas no saben precisar la cantidad a la que podría oscilar la multa.  
En esta misma línea también se ha manifestado la Federación de Sindicatos Independientes de Servicios Financieros (CSICA), que ha acusado a Liberbank de 'alentar' a la plantilla a realizar  "un millón de horas extraordinarias sin retribuir ni cotizar a la Seguridad Social".
Los 117 millones de euros de beneficio neto atribuido al cierre de 2014, según esta organización sindical, han recaído sobre las espaldas de los trabajadores, y ahora Liberbank pretende repartir esos dividendos entre los accionistas privados. Un planteamiento que rechazan de plano desde CSIF y UGT. El anuncio realizado por el presidente de Liberbank, Pedro Rivero, ha creado mucho "malestar" entre la plantilla, y los sindicatos ya han comenzado a pensar acciones de protesta.
Además, desde CSIF esperan que el Banco de España, el propio Servicio de Empleo Público, que está soportando parte de las nóminas, o la Inspección de Trabajo entren de oficio. Y en UGT, la asesoría jurídica ya trabaja con la toda la documentación para, al menos, estudiar qué se puede hacer. 

CSICA acusa a Liberbank de iniciar una “caza de brujas” tras denunciar las horas extra ilegales

El sindicato denuncia que uno de sus delegados “fue trasladado al almacén a colocar cajas de cartón” tras un estudio que criticaba las prolongaciones de jornada en el banco.


La guerra abierta entre la dirección de Liberbank y los sindicatos que han denunciado las prolongaciones de jornada en el banco a pesar del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) se acentúa:CSICAque fue el gran ganador de las elecciones sindicales celebradas el año pasado, ha acusado al banco de iniciar una “caza de brujas”, así como de “amenazar” e intentar “censurar” al sindicato después de que éste señalase en un estudio que los empleados trabajan más de un millón de ‘horas extra’ al año.

“CSICA ha visto cómo sus dirigentes eran gravísimamente amenazados”, señala la formación en un comunicado, “hasta con acciones penales por atreverse a denunciar la prolongación masiva de jornada de la plantilla precisamente cuando tiene reducidos el salario y la jornada por un ERTE”.

El sindicato, que avisa a Liberbank de que ha puesto “a disposición de los jueces” las “amenazas, discriminaciones y arbitrariedades” de la dirección, considera que si los hechos que denuncia fueran falsos, “suponemos que también estarán amenazando a los inspectores de trabajo que tienen la osadía de acreditar en sus actas de infracción el trabajo fuera de horario”.

CSICA destaca que el último enfrentamiento es sólo un paso más en las medidas de presión que está sufriendo: “Primero nos impidieron enviar los comunicados por la valija, más tarde impidieron que utilizáramos el correo corporativo aduciendo algo tan peregrino como la saturación de sus servidores. Después trataron de censurar la información que no les gustaba. Cuando la Audiencia Nacional, después de sendos acuerdos en sede judicial no respetados, les obliga a abrir sin censura la Intranet, de nuevo vuelven a impedir su publicación, vuelven a situarse en el papel de censores calificando la información sindical de falsa”.

El origen de esta polémica es un estudio elaborado por la formación en el que se concluye que los trabajadores de Liberbank trabajan un millón de ‘horas extra’ ilegales al año. CSICA defiende que se trata de un “estudio riguroso” elaborado a partir de un cuestionario anónimo, el conocimiento directo por evidencias de sus delegados sindicales y las actas de infracción de las Inspecciones de Trabajo.

“Por si acaso ello fuera poco, y una vez concluido un estudio riguroso, nos hemos dirigido por escrito al empresario, únicamente con la intención de hablar de este asunto”, señala CSICA, que destaca que la respuesta de Liberbank consistió en que “dos días después de enviarles esta invitación, un delegado sindical de CSICA fue trasladado al almacén a colocar cajas de cartón”.

El sindicado ha remitido dicho Informe al banco “solicitándole simplemente que dicte una circular recordando lo que dice el Estatuto de los trabajadores para las empresas que tienen reducción de jornada: que se prohíban las horas extraordinarias”.

http://www.elboletin.com/economia/113022/csica-liberbank-caza-brujas-horas-extra.html

miércoles, 18 de febrero de 2015

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El Supremo hace esperar a los trabajadores de Liberbank para recuperar el dinero del ERTE anulado

CSIF avisa de que los trabajadores deberán esperar como mínimo hasta abril para conocer el fallo del Tribunal Supremo sobre la anulación del ERTE aprobado en 2013.



Hace más de un año que laAudiencia Nacional decidió anular el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) deLiberbank, pero los trabajadores siguen sin ver un céntimo de los 67 millones de euros que en principio deberá devolverles el banco. La razón, un recurso presentado por la dirección al Tribunal Supremo, cuyo fallo se está haciendo esperar más de lo pensado en un primer momento.

Tal y como señala la sección sindical de CSIF en un comunicado, el pasado día 13 el sindicato volvió a preguntar en el Tribunal Supremo por el fallo sobre el recurso de casación presentado por la empresa contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que anulaba el ERTE de 2013. A pesar de que la citada sentencia es de noviembre de 2013, aún no se ha señalado fecha para votación y fallo, por lo que el sindicato ya se hace a la idea de que como mínimo hasta abril los trabajadores no conocerán la decisión final del Alto Tribunal.

Según parece, señala CSIF, durante la primera quincena de cada mes se señalan las fechas de votación y fallo que se verán al mes siguiente. Por ello, al no haberse señalado aún, ya está al menos descartado que sea en marzo.

“No sabemos con seguridad a qué se puede deber tanto retraso, aunque hay quien lo achaca a que, al haberse solicitado la no admisión a trámite del recurso presentado por la empresa, se perdió un tiempo que ha hecho que la solución definitiva se difiera”, señala el sindicato, que recuerda que también hay que tener en cuenta la “acumulación de casos” en el Supremo.

El 14 de noviembre de 2013, y estimando parcialmente la demanda presentada por CSI y STC-CIC, a la que se unieron CSICA, CSIF y APECASYC, la Audiencia Nacional decidió anular tanto el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) acordado por Liberbank con UGT y CCOO el 25 de junio de ese mismo año, como el ERTE unilateral que había anunciado unas semanas antes el banco.

La Audiencia Nacional entendió que hubo “vulneración de la libertad sindical”, y condenó al banco a “reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a la aplicación de las medidas”. Según los cálculos de los sindicatos que llevaron este ajuste laboral a los tribunales, el banco debería devolver a los empleados unos 67 millones de euros por las cantidades económicas detraídas. El propio banco cifró en unos 12.000 euros de media por cada empleado el coste de esta anulación.

No obstante, el banco surgido de la fusión de Cajastur (CCM), Caja Cantabria y Caja Extremadura presentó un Recurso de Casación ante del Tribunal Supremo. Los sindicatos demandantes se encuentran convencidos de que el Alto Tribunal también les dará la razón, al igual que la Audiencia Nacional, lo que obligaría ya a Liberbank a devolver a los empleados las cantidades retraídas.

Tras la anulación del ERE de verano, la dirección de Liberbank y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF alcanzaron a finales de diciembre un nuevo acuerdo para aplicar un ERE que supone una reducción de jornada y sueldo de la plantilla hasta el 30 de junio de 2017

http://www.elboletin.com/economia/112280/supremo-trabajadores-liberbank-dinero-
erte.html

Nota publicada por CSIF LIBERBANK al respecto

viernes, 30 de enero de 2015

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Liberbank aprovecha la nueva clasificación de oficinas para recortar sueldos a los directores y subdirectores de oficina

CCOO denuncia la posible “apropiación indebida cometida en las nóminas de los trabajadores” a raíz de la nueva clasificación de oficinas.


Nuevo enfrentamiento entre Liberbank y los sindicatos, esta vez debido a la modificación de las retribuciones de los directores y subdirectores a raíz del nuevo sistema de clasificación de oficinas que la entidad ha aplicado unilateralmente y a raíz del cual la mitad de los responsables han visto reducido su salario.

La sección sindical de CCOO en Liberbank ya ha comunicado que ha puesto en manos de sus asesores jurídicos la interposición de una demanda de conflicto colectivo. “No entendemos la tozudez de la empresa en implantar unilateralmente el sistema de clasificación de oficinas”, así como tampoco “la contumacia en contravenir el Convenio Colectivo”, si no es desde una “posición de impunidad ante una presunta apropiación indebida cometida en las nóminas de los trabajadores”, señala el sindicato en una circular.

El origen de este nuevo enfrentamiento se encuentra en la decisión del grupo de establecer un nuevo sistema de clasificación de oficinas tanto en Liberbank como en Banco CCM que toma en consideración tres variables: por un lado, el volumen medio de activo, es decir, el saldo medio acumulado en el año de crédito en situación normal de clientes, con un peso del 20%; en segundo lugar, el volumen medio de recursos, entendido como el saldo medio acumulado en el año, de los depósitos, empréstitos, pagarés, fondos de inversión, planes de pensiones individuales y seguros de vida ahorro de clientes, con un peso de 60%; y por último, la carga de trabajo, con un peso de un 20%.

Asimismo, Liberbank comunicó a los sindicatos la implantación “unilateral” de las denominadas “Unidades de gestión” (UGE’s), que pueden agrupar varias sucursales, procediendo posteriormente a informar a cada responsable y segundos responsables de las mismas sus retribuciones anuales por desempeño de esas funciones.

En ese sentido, el pasado 23 de enero de 2015 la empresa transmitió a los responsables de UGE’s los resultados de la clasificación de oficinas de 2014 y los nuevos salarios que tendrá cada uno. “A pesar de que la representación laboral no ha recibido ningún informe de clasificación de oficinas como es preceptivo”, en base a los datos que los afectados han trasladado individualmente a CCOO, el sindicato denuncia que “hay territorios en que el 50% de responsables reduce su salario y el otro 50% mantiene su salario porque no cobra complementos y no puede recibir más reducciones salariales”.

Asimismo, “no nos consta que algún responsable de UGE’s (de Banco CCM, entidad en la que ya se ha percibido la nómina) haya recibido un aumento de sueldo”, denuncia CCOO.

http://www.elboletin.com/economia/111332/liberbank-recortar-sueldo-directivos.html


miércoles, 21 de enero de 2015

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La Fiscalía pide dos años de prisión para el expresidente de CCM

La Fiscalía General del Estado ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que solicita una pena de prisión de dos años y seis meses de cárcel para el presidente y el director general de Caja Castilla La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, por la comisión de un delito de falseamiento de cuentas.
El fiscal del caso CCM (la primera de caja de ahorros intervenida por el Banco de España y cuyo rescate costó 7.300 millones de euros de fondos públicos) cree que en la fase de instrucción ha quedado acreditado que estos dos directivos manipularon deliberadamente las cuentas para ocultar las fuertes pérdidas que arrastraba la entidad.
La Fiscalía recuerda en su escrito que CCM presentó una cuenta de resultados en 2008 en la que se arrojaban unas ganancias de 29,86 millones de euros, mientras que, tras la intervención de la entidad y la posterior auditoría, se computaron unas pérdidas para ese ejercicio de 1.066 millones de euros.
La intervención de CCM por el Banco de España marcó el punto de partida de una crisis financiera que ha supuesto la reconversión total del sector de cajas de ahorros en España, y que ha conllevado miles de millones de ayudas públicas. Aunque también fue el primer caso que empezó a investigar la Audiencia Nacional, la instrucción del mismo se ha demorado durante más de cuatro años. 
Después de que el supervisor bancario tomara el control de CCM, el 28 de marzo de 2008, y relevase a todo su consejo de administración, la caja fue saneada y recapitalizada (con dinero del Fondo de Garantía de Depósitos), y posteriormente vendida a BBK (actualmente integrada en Kutxabank).

El fiscal no ve un delito de administración desleal
La Fiscalía no les acusa así del delito de administración desleal que sí encontró el juez Ruz, que en su auto consideraba indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una “notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación”.
Sin embargo, el fiscal se ciñe a una “maniobra contable” con la que “los acusados lograron que los estados financieros de CCM, tanto individuales como consolidados, reflejaran beneficios en lugar de pérdidas”.
En concreto, y por “efecto del ajuste exigido por el Banco de España, habría debido registrarse un resultado negativo (pérdidas) de al menos 119.029.000 euros en los estados individuales, y de al menos 182.240.000 euros en los estados consolidados” a 31 de diciembre de 2008.
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/21/mercados/1413891146_678262.html

viernes, 2 de enero de 2015

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Liberbank se anota una victoria judicial contra unos sindicatos divididos

La Audiencia Nacional da la razón a Liberbank sobre los traslados de personal en las oficinas que reciben el negocio de otras sucursales cerradas.


Tras varios reveses en los tribunales, Liberbank ha logrado una victoria judicial contra los sindicatos en lo que se refiere a las medidas de movilidad geográfica y traslados de los trabajadores, que la entidad aplica no sólo en las oficinas que cierra sino también en las receptoras del negocio.

El pasado mes de julio, Liberbank cerró 23 oficinas, que contaban con una plantilla de 60 empleados en total. De éstos, fueron trasladados 24, pero la empresa entonces presidida por Manuel Menéndez decidió trasladar también a 19 empleados de las oficinas receptoras del negocio.

Ahora, la Audiencia Nacional ha fallado a favor de la entidad tras el juicio celebrado a principios de diciembre, a partir de ahora se puede considerar oficina que cierra tanto la que cierra realmente como la receptora de su negocio, “duplicando, por tanto, el número de posibles afectados por la movilidad geográfica” (más de 25 kilómetros), según se lamenta CCOO en un comunicado en el que avisa de que ya ha presentado un recurso de casación.

El sindicato se manifiesta crítico no sólo con la empresa por realizar esta interpretación del acuerdo, sino especialmente contra el resto de sindicatos que no apoyaron la propuesta de CCOO ante los tribunales.

Los peores reproches se los lleva CSIF, al que CCOO acusa de “personarse junto a la empresa”. Según señala el sindicato, en la sentencia de la Audiencia Nacional “figura claramente” la importancia del “del CSIF, como firmante del acuerdo, a las posturas mantenidas por la empresa”, así como la incomparecencia al juicio de UGT, CSI, STC, APECASYC y CSICA, aunque salvo en el caso de UGT, esto tiene “menos importancia al no haber firmado” el acuerdo ninguno de ellos.

CSIF se ha defendido a través de un comunicado en su página web al señalar que su posición fue “una postura formal, sin trascendencia, según se ha visto en la sentencia, y no muy diferente a efectos prácticos de la postura del resto de sindicatos, que no se presentaron al juicio”.

Para este sindicato, a la vista de la sentencia el acuerdo “no se redactó en los términos adecuados para aceptar solamente movilidad geográfica para los empleados cuya oficina se cierra”, un aspecto, que dice “ya fue detectado por los servicios jurídicos de CSIF con motivo de la demanda presentada por CCOO”, y que explican su oposición a la misma.

Además, CSIF considera que la demanda por conflicto colectivo entorpecerá las demandas individuales que puedan haberse planteado con inclusión de otras razones, como discriminación por situación familiar o antigüedad.

http://www.elboletin.com/economia/109928/liberbank-victoria-judicial-sindicatos.html

martes, 4 de noviembre de 2014

Las sentencias en contra se le acumulan a Liberbank, el banco español con más gastos judiciales



Las sanciones y gastos judiciales de Liberbank quintuplican los de Bankinter, segundo que más dinero ha tenido que desembolsar.


Liberbank continúa acumulando sentencias en contra en los conflictos abiertos con los sindicatos. El pasado mes de octubre la federación de servicios de CCOO presentó dos demandas contra el banco por la vulneración de varios derechos fundamentales de los trabajadores, y en ambos casos la justicia ha dado la razón a los representantes de los trabajadores.

Una primera sentencia de la Audiencia Nacional condenaba a la entidad a pagar 6.000 euros al sindicato por censurar los comunicados en la intranet de la empresa. Días más tarde, la misma instancia condenaba a Liberbank a pagar 2.500 a CCOO por sustituir trabajadores durante una jornada de huelga en la entidad.

Las nuevas sentencias en contra se producen apenas unas semanas después de que se publicasen los resultados de la evaluación global a la banca realizada por el BCE y a EBA. Liberbank, el único banco español que no superó la revisión de calidad de los activos (AQR) del BCE por apenas 32 millones de euros, incurrió en los nueve primeros meses del año en sanciones y gastos judiciales por importe de 20,93 millones de euros, según las cifras publicadas por la institución que preside Mario Draghi.

Las sanciones y gastos judiciales de Liberbank son cinco veces mayores que los del segundo de la lista en España, Bankinter, con un gasto de cuatro millones de enero a septiembre. La federación de servicios de CCOO considera que estos resultados reflejan la “mala gestión” llevada a cabo por la dirección de la entidad y la “falta de compromiso” con los trabajadores “al vulnerar una y otra vez sus derechos”. El sindicato apremia a la entidad a corregir estas trasgresiones y afirma que volverá a hacer uso de la justicia si se repiten estas actuaciones.

El banco que dirige Manuel Menéndez, ahora consejero delegado y hasta hace unas semanas presidente, sigue recibiendo varapalos en los tribunales, el más grave de ellos el recibido el año pasado cuando la Audiencia Nacional decidió anular el ERTE que había aplicado. Si Liberbank no logra que el Tribunal Supremo le dé la razón, podría verse obligado a desembolsar 67 millones de euros.

El 14 de noviembre de 2013, y estimando parcialmente la demanda presentada por CSI y STC-CIC, a la que se unieron CSICA, CSIF y APECASYC, la Audiencia Nacionaldecidió anular tanto el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) acordado por Liberbank con UGT y CCOO el 25 de junio de ese mismo año, como el ERTE unilateral que había anunciado unas semanas antes el banco.

La Audiencia Nacional entendió que hubo “vulneración de la libertad sindical”, y condenó al banco a “reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a la aplicación de las medidas”. Según los cálculos de los sindicatos que llevaron este ajuste laboral a los tribunales, el banco debería devolver a los empleados unos 67 millones de euros por las cantidades económicas detraídas. El propio banco cifró en unos 12.000 euros de media por cada empleado el coste de esta anulación.

El banco decidió recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, y se da por descontado que al menos hasta el próximo año no se conozca una resolución definitiva. Tras la anulación del ERE de verano, la dirección de Liberbank y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF alcanzaron a finales de diciembre un nuevo acuerdo para aplicar un ERE que supone una reducción de jornada y sueldo de la plantilla hasta el 30 de junio de 2017.
http://www.elboletin.com/economia/107146/sentencias-liberbank-gastos-judiciales.html

martes, 7 de octubre de 2014

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Circular LIBERBANK CCOO Juicio sobre Promoción por Capacitación. Ganamos de nuevo



14 10 07 LIBERBANK CCOO Juicio sobre Promoción por Capacitación. Ganamos de nuevo



Cualquier fuerza sindical o colectivo de emplead@s o ex-empleados puede remitir sus circulares y comunicados a nuestro buzón ddrliberbank@gmail.com, serán publicados y distribuidos por nuestros canales.

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La marea de las presiones retrasa una investigación judicial sobre Liberbank

Liberbank ha conseguido que se cierre una de las investigaciones judiciales que mantenía abiertas: la de los pagos al marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. La instruía la Audiencia Nacional y el cierre se debe a a que los denunciantes, Comisiones Obreras, a través de su federación de banca, no han conseguido reunir el dinero suficiente para seguir adelante con un proceso judicial que no es el único al que se enfrenta la entidad en la que se integra la antigua Caja Cantabria.

En Asturias, la instrucción judicial de la derivada en esa comunidad del caso Pokemón, que investiga una presunta trama de sobornos a cambio de concesiones de obra pública, se ha convertido en toda una marea que se ha llevado por delante una buena carga de imputaciones a empresarios, funcionarios y políticos de la comunidad vecina.

Una delicadísima investigación judicial que, en un efecto mariposa de libro, ha tenido consecuencias sobre otra instrucción que afectaba de manera indirecta a Cantabria.

A Ángel Sorando, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo le tocaron, prácticamente uno detrás de otro, dos casos peliagudos: lo que se dio en llamar el caso Marea, que no es más que la extensión en Asturias del caso Pokemón, con la investigación ya concluida; y la incipiente investigación sobre una operación urbanística en Llanes que afecta a Liberbank, el banco en el que se integra la antigua Caja Cantabria y en el que el peso mayor lo tiene lo que era Caja Astur.

Ese caso está en su fase más inicial: la presentación de la denuncia, a cargo del sindicato asturiano CSI-Liberbank, y la primera petición de datos a la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía.

Lo que se pretendía que se investigara en este caso era una operación urbanística en la que participaba una sociedad participada por CajaAstur, hoy dentro de Liberbank, que acabó perjudicando al banco en beneficio de un grupo empresarial para un proyecto en esa zona.
Sin embargo, esa fase inicial, que comenzó el pasado mes de abril, se ha quedado estancada bien pronto.

Ángel Sorando, titular del juzgado, pidió abandonar el caso, lo que tuvo como efecto una parálisis de todo el proceso: no se ha citado a declarar a testigos ni imputados ni recabado documentación que pudiera aportar luz sobre el caso.

Ahora ya ha llegado el sustituto, que tiene sobre la mesa la denuncia, hecha por un sindicato de Liberbank en su parte asturiana, y tiene que pronunciarse sobre si continúa la investigación con más peticiones.

PRESIONES DE “ALTOS CARGOS” CON “SOBRADAS INFLUENCIAS”

¿Por qué dejó el juez Sorando su juzgado? Lo hizo a petición propia, reclamando el traslado voluntario a Lleida, donde se encarga ya del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Lleida, de Familia, Incapacidades y Tutelas, tal y como resolvió el pasado mes de julio el Consejo General del Poder Judicial.

En uno de sus últimos autos sobre el caso Marea el juez describía la forma de funcionar de la trama, a base de presiones que llegaron a afectarle incluso a él.

En ese documento, y de forma bastante gráfica para lo que es habitual en el lenguaje judicial, Sorando aseguraba que a lo largo de su investigación había sufrido las presiones de personas “con altos cargos y sobradas influencias” implicadas “en un caso de corrupción bastante importante”, lo que a su juicio confirmaba “la existencia de prácticas delictivas que claramente pueden calificarse de mafiosas”.

De hecho, el juez llegó a emplear la palabra ‘omertá’ para referirse a la “capacidad de presión” de algunos de los implicados, suficiente para “para arruinar la vida de cualquier funcionario o trabajador que se arriesgue a testificar sobre las irregularidades de las que tuvo conocimiento”.
Presiones que, para que quede claro, “hasta el propio instructor ha sufrido ya”, según expuso en ese auto (en el que, por cierto, respondía a la petición de unos acusados de que se desvelara la identidad de un testigo protegido que había suministrado información.
Ángel Sorando lo vio claro:
“La autoridad judicial que esta causa instruye ha apreciado personal y racionalmente un peligro grave para dicho testigo, estando en riesgo inclusive su salud, según se ha apreciado, sin que se pueda dar más datos, pues ellos lo identificarían indirectamente”.
“Están implicadas muchas personas, y algunas de ellas con altos cargos, y sobradas influencias y capacidad de presión”.
Manu Menéndez, presidente de LiberbankLa instrucción que llevó a cabo sobre este caso también le supuso al juez reproches del ministerio público, esto es, de la Fiscalía Superior de Asturias, que le acusó de extender demasiado su investigación y de imputar a personas sin motivos suficientes.
La Fiscalía, en un documento público (la Memoria Anual de 2012) atribuyó la “multitud de avatares” en este caso a la “personalidad” del titular del Juzgado, “hostil” a la intervención del Ministerio Público, y a quien en algún momento del proceso llegó a pedir que no pudiera acceder a sus investigaciones. El conflicto le acarreó al juez una sanción del Consejo General del Poder Judicial.

LA FINCA DE LA TALÁ

Lo que se tiene que investigar es una denuncia del sindicato CSI (Corriente Sindical de Izquierdas) sobre una operación urbanística en la denominada finca de La Talá, en Llanes.

Allí, Beyos y Ponga, una empresa participada en su totalidad por la antigua Caja Astur compró a otra empresa (Desarrollos Urbanísticos Nozar) una propiedad afectada por sentencias judiciales.

La venta se hizo por un importe de 41 millones de euros, en el año 2008, cuando las sentencias databan de 2002, en el caso de la del Supremo. La cantidad se formalizó una parte en efectivo y la otra mediante préstamos con Caja Astur.

Los denunciantes sostienen que lo que sucedió realmente fue que se perjudicó a los intereses de la empresa que pertenecía a Caja Astur para actuar “en exclusivo beneficio” a los del grupo de empresas privado al que se realizó la compra.

No es, por cierto, la única conexión judicial entre Cantabria y Asturias que pasa por el caso Marea: también se encuentra la factura que una de las empresas implicadas, Aquagest, abonó por unos días de balneario al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, en esa época presidente del PP regional.
 Oscar Allende
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martes, 23 de septiembre de 2014

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LIBERBANK CCOO Tensa, entretenida e inútil reunión con la empresa



14 09 23 LIBERBANK CCOO Tensa, entretenida e inútil reunión con la empresa

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Circular SCI Otra sentencia a favor de un compañero sobre medidas cautelares contra el traslado forzoso


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jueves, 18 de septiembre de 2014

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Circular CCOO Juicio 16 de septiembre


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14 09 18 CCOO Juicio 16 de septiembre
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